¿Qué es la "Ley Mordaza"?

Ayer, miércoles 26 de marzo de 2015 se aprobaba, tras su paso sin pena ni gloria por el Senado la nueva ley de seguridad ciudadana más conocida como “Ley Mordaza”, que no es más que una modificación de la hasta ahora existente Ley 1/92 (Ley Orgánica sobre protección ciudadana), hasta ahora casi inutilizada, que entrará en vigor justo después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 1 de julio, al igual que la reforma del Código Penal y el “Pacto antiterrorista”.

Esta ley ha suscitado el rechazo unánime de la población debido a su carácter claramente restrictivo, dado que lleva implícito una  limitación de los derechos de expresión y manifestación, derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Estas son algunas de las acciones tipificadas como delito en la 'ley mordaza', con multas que van des de los 100€ hasta los 600.000€.

Acciones consideradas leves penalizadas con multas de entre 100€y 600€:

- Negarse a identificarse.
- Ocupar un inmueble sin el consentimiento del propietario.
- Insultar a la policía durante una manifestación.
- Ocupar entidades bancarias.
- Ocupar la vía pública por la venta ambulante (el llamado 'top manta').
- Consumir bebidas alcohólicas en la calle.
- Escalar edificios.

Acciones consideradas graves penalizadas con multas de 601€ a 30.000€:

- Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización.
- Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos si se "perturba la seguridad".
- Impedir un desahucio.
- Negativa de disolución de concentración o manifestación.
- Consumir drogas en lugares públicos, aunque no se trafique con ellas.
- Solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o en lugares donde haya menores.

Acciones consideradas como muy graves y penalizadas con multas de 30.001€ a 600.000€:

- Reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos.
- Celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente.

Con todo esto, y en materia de protección ciudadana el juez pasa a tener un papel “secundario”, puesto que éste ya no tendrá la última palabra si no que la tendrá la autoridad administrativa correspondiente, provocando, así, un “intrusismo” en la función judicial, lo que desembocaría en la arbitrariedad en la toma de decisiones y en el dictamen de sentencias administrativas y penales en materia de seguridad.

Así el gobierno, que ha elegido la seguridad antes que la libertad, en un ejercicio de despotismo pretende imponer un estado policial, dominarnos como a pusilánimes borregos. Esta ley nos acerca más al Mundo Feliz de Huxley, una población sumisa dominada y controlada, incapaz de pensar por sí misma. El mismo gobierno que defendía la libertad de expresión en Francia tras el atentado de Charlie Hebdo, quedó muy bonito sobre el papel ser Charlie, mientras preparaban la mayor pérdida de derechos   fundamentales en la historia de la democracia en España. Un gobierno marcado por la hipocresía de sus líderes, una prensa al servicio de estos y una población que herida ve como cada vez se merman más los derechos que son inherentes a cualquier ciudadano español.

Históricamente, toda represión acaba en revolución, demostremos, pues, que una mísera ley que ha nacido de la necesidad de controlar a una nación desgobernada y sumida en la incertidumbre política no podrá con  la sangre y la fuerza de un pueblo unido que lucha por defender los derechos que por naturaleza les pertenecen.

Por Nila Marínez